“Podemos confirmar que México continúa atravesando una grave crisis de derechos humanos” así lo señaló Amnistía Internacional tras la presentación de su informe anual el cual se publicó el pasado 29 de marzo.
En dicho documento, en el cual se destaca el papel que tuvo el COVID-19 a nivel global, también se hace un resumen de los hallazgos en materia de Derechos Humanos de manera particular. En el caso de México la organización señaló que existen siete puntos preocupantes en la materia de garantías individuales:
De acuerdo con las investigaciones de la Amnistía, durante 2021 se desplegaron 99 mil 946 efectivos militares. Cabe señalar que la actual administración ha asignado mayor control de puertos, aduanas, construcción de obras públicas, como el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya, obras insignia del gobierno morenista.
“A pesar de las recomendaciones internacionales, el gabinete presidencial siguió desplegando en las calles, como parte de su estrategia de seguridad pública, el mayor número de efectivos militares desde que en 2006 iniciara la “guerra contra el narcotráfico“’’, acusa la institución.
A la par recordaron que el año pasado (2021) se presentó un proyecto de ley para incorporar formalmente la Guardia Nacional a las fuerzas armadas.
México se acerca a las 100 mil personas desaparecidas y no localizadas registradas oficialmente desde 2006 a la fecha, esto de acuerdo con Comisión Nacional de Búsqueda.
Cabe señalar que tan solo en 2021, las autoridades registraron al menos 7 mil 698 casos de personas desaparecidas y no localizadas.
La impunidad sobre esta cuestión prevalecía; sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Según cifras oficiales, seguía habiendo más de 52 mil cadáveres no identificados, la mayor parte de los cuales se hallaban en fosas comunes. Varias personas que buscaban a familiares desaparecidos perdieron la vida violentamente, pero al terminar el año no se había procesado a nadie por esas muertes.
Según la Organización, en el territorio “La totura continúa siendo generalizada y sístematica” y acusa que el gonierno aún “tiene pendiente” la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos Crueles, inhumanos o degradantes.
Cabe recordar que en agosto del año pasado, el presidente firmó un decreto para poner en libertad a las personas en prisión preventiva prolongada que fueran de edad avanzada o víctimas de tortura; sin embargo, como detalla la ONG, el decreto no incorporaba las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y limitaba la posibilidad de demostrar que se había sufrido tortura en el caso de las personas sometidas a exámenes médicos.
Las autoridades mexicanas ya han sido señaladas por diversad instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos por la violación de las garantías individuales de infancias y adultos migrante, porcedentes principalemnte del Sur de América y el Caribe.
Cabe destacar que hasta noviembre de 2021, las autoridades habían devuelto a 101 mil 571 personas migrantes.“La gestión de la migración por parte de la Guardia Nacional constituye un riesgo para el respeto y garantías de los derechos humanos de las y los migrantes”.
La violencia de género ha sido uno de los talones de Aquiles del gobierno federal. En 2021, se registraron 3 mil 427 homicidios de mujeres, este mismo se alcanzaron cifras históricas. Cabe precisar que de los datos retomados por parte de la Amnistía, solo 887 fueron catalogados como feminicidios.
Asimismo, la organización denunció que en 2021 documento etenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, violencia sexual y criminalización de manifestantes feministas en los estados de Jalisco, Querétaro y Aguascalientes.
Los datos de la AI registraron que en 2021 hubo, al menos, siete homicidios de periodistas. A esto hay que sumar los 8 registrados tan solo en los primeros meses del 2022. Aunado a ello, en México han sido desaparecidas varias personas defensoras de derechos humanos, tal es el caso de Grisell Pérez Rivera, Claudia Uruchurtu Cruz e Irmas Galindo, así como líderes del pueblo yaqui.
