El presidente Alberto Fernández asegura que esto es un “punto de arranque de una Argentina más solidaria”.

Buenos Aires.- El oficialismo argentino logró la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto que contempla la aplicación de un gravamen a las grandes fortunas para paliar la crisis generada por la pandemia del COVID-19, el cual es considerado confiscatorio e ilegal por sectores empresariales.

El presidente Alberto Fernández afirmó que la iniciativa aprobada la madrugada del miércoles “no es un castigo a los ricos” y debería ser “un punto de arranque de una Argentina más solidaria”.

El texto pasará a ser tratado en el Senado, controlado por el oficialismo.

“La pandemia obligó a multiplicar mucho la inversión del Estado para ayudar a sectores de la sociedad en esta situación difícil”, dijo Fernández a medios de prensa.

El presidente admitió la necesidad de “minimizar todo lo que podamos” el déficit fiscal generado por ese esfuerzo estatal.

El texto legislativo impulsado por Máximo Kirchner, jefe del bloque Frente de Todos e hijo de la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), ha sacado ampollas a los empresarios, que sostienen que desalienta las inversiones y atenta contra la producción.

Advierte que generará un efecto negativo en la promoción de inversiones

El Foro de Convergencia Empresarial cuestionó que cuando se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica se impulse un proyecto que generará un “efecto inverso”.

Su tratamiento se produjo en momentos en que una misión del Fondo Monetario Internacional está en Buenos Aires para negociar con el gobierno la refinanciación de una deuda de unos 44 mil millones de dólares contraída por el país en 2018, durante una crisis de devaluación, lo que conllevaría la exigencia al Ejecutivo de que lleve a cabo varias reformas y reduzca el gasto.

Analistas señalaron que el nuevo gravamen ayudará a reducir el déficit primario del próximo año.

Según el oficialismo, la recaudación potencial representaría unos 307 mil millones de pesos (unos 3 mil 600 millones de dólares), cerca de un punto porcentual del PIB.

Opositores izquierdistas que se abstuvieron en la votación consideraron que lo que se recaude con este gravamen serviría para cubrir parte del ajuste que el FMI pedirá al gobierno.

¿En qué consiste la iniciativa?

La iniciativa crea un aporte para aquellas personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos (cerca de 2.5 millones de dólares), con una alícuota que irá del 2% al 3.5% en el caso de bienes en el país y del 3% al 5.25% para los bienes en el exterior.

El debate dividió a los oficialistas, que sostuvieron que se trata de un aporte que realizarán por única vez las personas con mayor patrimonio, y a gran parte de los opositores de Juntos por el Cambio -que tiene entre sus referentes al expresidente Mauricio Macri (2015-2019)-, quienes criticaron que supone una doble imposición porque ya existe un impuesto sobre los bienes personales y gatillará reclamos ante la justicia por su supuesta inconstitucionalidad.

El oficialista Carlos Heller afirmó que tiene un “sentido solidario porque estamos frente a una situación de emergencia”.

La pandemia agravó la crisis que Argentina arrastra desde hace más de dos años, asfixió a las pequeñas y medianas empresas, incrementó el desempleo y disparó la pobreza, que afecta a más de 40% de la población.

Por el gravamen estarían alcanzadas menos de 10 mil personas -según los críticos serían más-, equivalentes al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre bienes personales en 2019.

Aquellas personas con activos en el exterior pagarán una alícuota superior, pero si aceptan repatriar al menos el 30% de esas tenencias quedarán exentas del diferencial.

El opositor Luciano Laspina cuestionó que se aplique un nuevo gravamen en un país “con la segunda carga tributaria sobre empresas más alta del mundo” del que se están yendo decenas de compañías, con “12% de caída del Producto”.

Otros opositores calificaron el proyecto de “tributarismo populista” y denunciaron que tiene fallas técnicas que lo hacen inconstitucional.

Según el gobierno, lo que se recaude se destinará, entre otras cosas, a la compra y elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria y para ayudas a las pequeñas y medianas empresas y los barrios más carenciados.