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Traslado de Guardia Nacional a la Sedena es militarista: Amnistía Internacional

La organización no gubernamental aseguró que diversos organismos internacionales han recomendado reiteradamente al Estado mexicano que abandone la estrategia de militarización de la seguridad pública

CDMX.- El traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa (Sedena) contraviene la Constitución mexicana y los estándares internacionales en materia de seguridad pública porque es militarista, señaló la organización Amnistía Internacional (AI).

La organización no gubernamental aseguró que diversos organismos internacionales han recomendado reiteradamente al Estado mexicano que abandone la estrategia de militarización de la seguridad pública.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), señaló, están dentro de las 10 instituciones federales con mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México por violaciones graves a derechos humanos.

Indicó que de 2014 a la fecha, la Sedena acumuló 3 mil 999 quejas; Marina, mil 553 quejas, en tanto que la Guardia Nacional, con sólo tres años de haber sido creada, acumula mil 109 quejas.

La organización subrayó que las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de corporaciones civiles eficaces, profesionalizadas, que cuenten con recursos técnicos, capacitación de sus elementos y el equipamiento necesario para garantizar la seguridad y la vida de todas las personas.

Señaló que aunque la iniciativa refiere que su propósito final no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, en los hechos la militarización de la Guardia Nacional está presente a lo largo de todo el texto.

Amnistía Internacional recordó que en diciembre de 2017, expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado al Estado mexicano a rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior, pues argumentaron que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad, debilitaría la protección de los derechos humanos.

En 2018, la Corte determinó la invalidez, en su totalidad, de dicha ley e incluso se consideró que su existencia representaría un riesgo para el país.

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